Eres Ximena Arrieta-Valdés, ministra de Hacienda de la República de Costaria. El país está en recesión, el banco central casi no tiene margen para bajar más su tasa y esta tarde el Consejo de Ministros debe decidir cómo gastar un paquete de rescate de 30.000 millones de CO$. Tres colegas te han pedido 48.000 millones entre los tres. La primera votación, sobre cómo se reparte el dinero, es a las 15:30.
La situación
Es el 15 de septiembre de 2026. Una subida del combustible llevó la inflación al 4,2% y después empujó a Costaria a la recesión: el producto ha caído un 2,8% en cuatro trimestres, Hacienda estima la brecha de producto en −2,5% y el desempleo ha pasado del 5,5% al 8,7%. La inflación ha vuelto al 2,4% y la confianza del consumidor está en mínimos de diez años. El banco central ha bajado su tasa del 4,25% al 1,50%; su enlace en la sala, el subgobernador Bruno Lastra-Peña, recuerda el poco margen que queda.
El paquete equivale a una décima parte de una economía de unos 290.000 millones de CO$, y casi todo se financiará con deuda. La deuda pública es del 62% del PIB, en parte en moneda extranjera, y los bonos del Estado rinden un 3,50%. El sistema de protección social ya inyecta unos 8.000 millones en dos años sin que nadie lo vote. La nota de Hacienda enumera seis palancas, cada una con un rango de multiplicador (el producto que genera cada CO$ gastado en una recesión profunda), un plazo típico y los grupos que lo notan primero. Su borrador pone 5.000 millones en cada una, y nadie en la mesa lo ha defendido.
Paula Senra-Ochoa, ministra de Infraestructuras, quiere al menos 15.000 millones para carreteras, escuelas, rehabilitación energética y banda ancha que sobrevivan a la recesión. Óscar Villalba-Rey, ministro de Trabajo, quiere 9.000 millones para prestaciones y 6.000 para recualificación: la cola en sus oficinas de empleo se ha duplicado. Ignacio Prado-Lucena, ministro de Economía y líder del socio menor de la coalición, prometió alivio a sus votantes y quiere 10.000 millones en rebajas del impuesto sobre la renta y 8.000 en el IVA. Sus peticiones suman 48.000 millones.