Eres Niamh Corrigan, directora de Sostenibilidad de Tuatha Renewables, una promotora eólica y solar de Galway, en Irlanda. El lunes 9 de marzo de 2026 un periódico nacional publica una revisión ecológica de tu proyecto eólico estrella, y por la tarde quienes lo apoyaban piden cosas incompatibles. Antes de diseñar nada, tienes que decidir qué clase de conflicto es este.
La situación
Tuatha opera 480 MW, tiene otros 600 MW en cartera, emplea a 310 personas y factura 168 millones de euros. Un fondo de infraestructuras tiene la mayoría del capital y la presenta a sus propios inversores como su participación ambiental estrella. Tuatha creó fondos de beneficio comunitario y copropiedad local antes de que fueran habituales, y la frase de cada licitación lo dice: es la promotora en la que confían las comunidades.
Sliabh Bán, un parque de 90 MW, tiene licencia, está financiado al 40% y se espera que deje un margen de 48 millones de euros después de costes y riesgos; el fondo tiene 140 millones comprometidos en él. La revisión dice que la disposición aprobada de los aerogeneradores dañaría unas 14 hectáreas de turbera protegida que los vecinos de abajo consideran parte de su historia. Contradice una evaluación de hace dos años, firmada por ti. Tus ingenieros calculan que apartar las turbinas de la turbera costaría entre cero y 22 millones.
Por la tarde las posturas ya están tomadas. El comité local, unos 1.200 vecinos y un grupo de patrimonio, pide parar o mover el proyecto; su presidente te pregunta: «Si nos oponemos, ¿va a cambiar algo de verdad?». El fondo puede vivir con una decisión que pueda defender ante sus inversores, no con una que pierda a la vez la rentabilidad y la confianza. La organización ambiental está dividida: una parte quiere proteger la turbera, otra recuerda que cancelar renunciaría a unas 180.000 toneladas de CO₂ evitadas al año. Y el encargado de obra tiene 220 personas esperando una fecha de inicio.
Las condiciones de disposición de la financiación vencen en 45 días. Una impugnación creíble de la evaluación ecológica podría congelar el proyecto entre 12 y 18 meses. En 2023 dijiste en el salón parroquial, ante 90 personas, que serían escuchadas antes de que se construyera nada. El consejero delegado te pasa el expediente con una sola instrucción: hagan lo que hagan, la empresa tiene que poder sostener cómo lo decidió.