Eres Esperanza Quiroga-Tapia, 41 años, directora de Asuntos Comunitarios de Bauxia Andes Resources, en Lima. Al amanecer del 29 de abril de 2026, una federación de 23 comunidades andinas suspendió toda actividad de la empresa en sus tierras y le dio diez días hábiles para responder a cinco condiciones. Tu consejero delegado quiere tu recomendación el viernes: ¿cómo se sienta Bauxia a hablar?
La situación
Bauxia es un grupo peruano-chileno de bauxita y aluminio: 2.100 millones de dólares de ingresos en 2025, unas 3.400 personas y 780 millones de dólares de deuda senior garantizada que hay que refinanciar en 2027. Una institución financiera de desarrollo tiene el 12 % de ese préstamo, con una cláusula ambiental y social. La carretera de Quebrada Yanaorco, que cruza tierras de la Comunidad Campesina de Pampacolca (unas 4.200 personas), lleva el 71 % de la bauxita del año al puerto. Tesorería calcula que el balance aguanta 14 días de bloqueo antes de incumplir el covenant de barrido de caja, en plena gira con bonistas abierta el lunes.
La asamblea de Pampacolca votó el bloqueo por 874 a 121, con 67 abstenciones. A la noche siguiente la federación lo ratificó y envió el memorando. Cuatro de sus cinco condiciones remiten a la consulta de 2019: celebrada cuando el estudio ambiental ya estaba aprobado, sobre un documento de 142 páginas en castellano repartido tres días hábiles antes de votar, y cerrada con un convenio firmado por tres representantes cuya autoridad la federación hoy discute. Ese convenio paga a la comunidad 1,8 millones de soles al año. Hasta recibir respuesta, la federación no se reunirá con la empresa sin garantes externos.
Tu propio tablero es sombrío: un índice de licencia social de 22 sobre 100 (la banda «Retirada»), confianza comunitaria de 18 y confianza del directorio de 50. Augusto Marchena-Ríos, vicepresidente de Operaciones, sostiene que el convenio de 2019 es un contrato firmado y que reabrirlo bajo un bloqueo traerá la misma exigencia a las otras tres operaciones; tiene la demanda redactada. Javier Loayza, obispo de Aplao, se ofreció en febrero a convocar un diálogo. Tú advertiste por escrito al comité ejecutivo tres veces desde noviembre.