Eres Gabriela Mejía, gerente general de Financiera del Norte, una institución de microfinanzas de San Pedro Sula, en Honduras. A las seis de la tarde un ataque de ransomware cifró todos tus sistemas. Esta misma noche tienes que decidir hasta dónde abres el círculo: a quién metes en la respuesta antes de saber qué pasó.
La situación
Martes 9 de junio de 2026. Todas las pantallas muestran el mismo mensaje en inglés: los archivos están cifrados y la clave cuesta US$450.000 en bitcoin, a pagar en 72 horas. Veinte minutos después, el director de tecnología, Josué Aguilar, te confirma que el sistema de préstamos no responde y que una muestra de 200 expedientes de clientes, con nombres, números de identidad, direcciones y montos, ya está publicada en la dark web.
Financiera del Norte presta a pequeños negocios y familias del norte de Honduras: 35.000 clientes, una cartera de US$180 millones y US$5 millones de reservas de efectivo. El último respaldo completo tiene once días; el de anoche está corrupto. En esos once días se desembolsaron unos US$3 millones, se cobraron unos US$4 millones y entraron unos US$200.000 en comisiones. Mientras los sistemas sigan caídos, las sucursales no pueden prestar ni registrar pagos.
Como entidad regulada, la financiera debe avisar al Banco Central de Honduras dentro de las 48 horas siguientes a confirmar el incidente, con multas posibles de entre US$150.000 y 600.000. Pagar a un grupo criminal podría abrir además una investigación por lavado de activos. Y un proyecto de ciberseguridad de unos US$500.000 lleva dos años esperando la aprobación del directorio.
Tu equipo tira en direcciones distintas. La asesora legal, Karen Pineda, recuerda que las autoridades desaconsejan pagar rescates. El gerente financiero, Raúl Banegas, quiere saber cuánto de la reserva se va a llevar esto. La jefa de comunicaciones, Ana Lucía Rivera, advierte que los clientes se enterarán por los medios si la financiera no habla primero. Aguilar espera en la puerta tu autorización para llamar a una firma forense.