Eres Marisol Zegarra Fuentes, jefa de la Agencia Reguladora de Infraestructura del Centro (ARIC), en Lima. Cuatro proyectos piden S/ 5.100 millones de cofinanciamiento público y tienes S/ 2.400 millones; antes de repartir un solo sol tienes que decidir con qué criterio ordenas la cartera.
La situación
ARIC evalúa, licita y supervisa las concesiones de transporte del corredor Lima – Junín – Huánuco. Nació para corregir un patrón que sus propios archivos documentan: contratos firmados sobre pronósticos de demanda optimistas que vuelven años después en forma de adendas costosas. Tú misma negociaste dos de ellas desde el lado del Estado, y las dos siguen abiertas bajo tu firma. El sobre de este ciclo, S/ 2.400 millones, viene fijado por una línea concesional multilateral y no crece. Tienes doce semanas, hasta el viernes 26 de junio de 2026.
La autopista de peaje insignia pide S/ 1.800 millones, ofrece al inversionista una tasa interna de retorno del 14,2 % —la más alta— y un retorno económico-social del 12 %; sirve a la subregión más rica y su pronóstico de tráfico está un 30 % por encima del estudio independiente que encargó ARIC. El tranvía urbano pide S/ 1.300 millones, con un 10,8 % para el inversionista y un 16 % social. El terminal logístico pide S/ 800 millones, con un 12,1 % y un 11 %, y es el único que no solicita garantía alguna.
El cuarto es un puente con sus accesos para una provincia aislada. Tiene el mayor retorno social de la cartera, un 22 %, y el menor retorno financiero, un 8,1 %, frente a un umbral del 10,5 % que el capital privado no rebaja. Pide S/ 1.200 millones. Tres de los cuatro piden una garantía de ingreso mínimo, que no cuesta nada el día de la firma y se convierte en un pasivo del Tesoro si la demanda real se queda corta.
El miércoles pediste a tu equipo una hoja con los cuatro proyectos ordenados por retorno social en una columna y por retorno al inversionista en otra. Las dos columnas no coinciden en ninguna posición.