Eres Lucía Arenas-Beltrán, consejera delegada de Helio Verde. Hace doce semanas firmaste la compra de Cárnicos del Pacífico por 285 millones de dólares. Hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, dos reguladores han abierto revisiones a fondo, y tu sala de crisis debe decidir primero cómo responder a la teoría de la autoridad brasileña.
La situación
Helio Verde es un grupo familiar costariano con seis divisiones, unos 3.100 millones de dólares de ingresos y 412 millones de EBITDA en 2025. Una de ellas, Helio Brasil Cárnicos, importa y distribuye carne de vacuno en Brasil desde tres centros de distribución. Cárnicos del Pacífico, un exportador mexicano de carne premium, gana unos 78 millones de EBITDA sobre 420 millones de ingresos; el 14% de sus ventas va a Brasil a través de tres distribuidores independientes.
El Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) plantea una teoría vertical. Helio Brasil tiene el 14,0% del mercado brasileño de importación de cortes premium y Cárnicos del Pacífico otro 5,1%. Los tres distribuidores independientes compran a Cárnicos del Pacífico alrededor del 17% de su volumen; tras la compra se lo comprarían a un rival que compite con ellos aguas abajo. CADE pregunta si Helio Verde tendría la capacidad y el incentivo para restringir o encarecer ese suministro. Está en el día 105 de 240 y espera una propuesta de remedios en diez días hábiles.
La Comisión Europea tiene otra preocupación, horizontal y geográfica, y su ventana formal de remedios no se abre hasta la semana 16: tendrás que comprometerte en Brasil antes de saber qué pedirá Bruselas. A las 11:50 te llamó el presidente, Manuel Beltrán-Rojas, de 71 años, que vio cómo la autoridad costariana bloqueaba su compra de Lácteos Andinos tras veinte meses en 2019. Una sola frase: ningún remedio por encima de 6 millones de dólares de EBITDA anual cedido.
Tus abogados externos no coinciden. Otávio Caldas-Bittencourt, en São Paulo, pasó tres años asesorando al Tribunal del CADE y quiere una solución estructural limpia en Brasil. Hélène Vacher-Lamoureux, en Bruselas, exfuncionaria de la Comisión, prefiere ofrecer pronto algo estructural en la UE. Hoy estiman la probabilidad de autorización en un 50% en CADE y un 60% en la Comisión. Una prohibición costaría una penalización de 22 millones a la familia vendedora, además de los 14 millones ya gastados.