Eres la doctora Livia Conti, directora de la unidad de evaluación de tecnologías sanitarias del San Gerardo, un hospital universitario público de Lombardía. Un fabricante quiere que adoptéis su dispositivo cardíaco de 22.000 euros, y el resto de la región suele seguir los dictámenes de tu unidad. Antes de modelar nada, tu comité debe decidir qué lectura del beneficio del ensayo va a usar. El plazo regional vence en treinta días.
La situación
El 6 de mayo de 2026 llegó a tu despacho el expediente de CardioNova: 240 páginas para pedir la adopción de VentriGuard, un dispositivo implantable de monitorización y terapia para la insuficiencia cardíaca avanzada, a 22.000 euros por paciente. Tu unidad depende de la dirección médica y no de cardiología, precisamente para que sus dictámenes respondan a la evidencia y al presupuesto. Su costumbre es fijar el listón antes de saber si el dispositivo lo supera.
Toda la evidencia es un ensayo: 480 pacientes, doce meses de seguimiento, financiado por el fabricante. Declara una ganancia de 0,60 años de vida ajustados por calidad (AVAC) por paciente y un 22 % menos de reingresos. Los intervalos de confianza son amplios: el beneficio real podría ser la mitad, 0,30, y el centro del intervalo ronda los 0,47. El coste adicional frente al tratamiento habitual es de unos 18.000 euros por paciente. La banda de disposición a pagar que suele citarse va de 25.000 a 40.000 euros por AVAC.
El San Gerardo tendría unos 150 pacientes elegibles al año; con los mismos criterios, Lombardía tendría unos 1.400, y a precio completo la factura regional pasaría de 30 millones al año. El margen libre del hospital para dispositivos este año es de 2,4 millones. El jefe de cardiología quiere la aprobación este trimestre y sin restricciones, y ha avisado de que, si no hay dictamen, llevará el asunto a la junta médica y a la prensa.