Eres Hernán Cálix Ordóñez, gerente general de la Caja Rural del Valle, una cooperativa de ahorro y crédito de Choluteca, en el sur de Honduras. El supervisor bancario cuestiona tu programa de préstamos basados en remesas y te da 60 días para demostrar que cumple; esta misma semana tienes que decidir cómo le respondes y cuánto gastas en hacerlo.
La situación
Lunes 12 de enero de 2026, diez de la mañana. Acabas de firmar el acuse de recibo de una carta de la Superintendencia de Bancos. La Caja tiene unos 15.000 socios, y los depósitos de unos financian los préstamos de otros. En la región viven unas 8.000 personas que reciben remesas regulares de familiares en Estados Unidos y que ningún banco atiende: no tienen historial crediticio ni garantías. El programa fue idea tuya. Tú piensas que doce meses de remesas constantes dicen más de la capacidad de pago de una familia que muchos papeles.
El piloto arrancó en julio de 2025: líneas de hasta 3.000 dólares, al 15 % anual y a doce meses. Hoy hay 400 clientes y una cartera de 1,2 millones de dólares, respaldada por 300.000 dólares de capital. 360 clientes están al día, 25 llevan más de 30 días de atraso y 15 están en default, el 3,75 %. En doce de esos quince casos, el familiar en el exterior perdió el empleo y la remesa se cortó. Anualizado, el default rondaría el 7,5 %, dentro del 5 % a 8 % de la banca hondureña. Unos sesenta negocios nuevos se abrieron con estos préstamos y el ingreso medio de los clientes pasó de 1.200 a 1.450 dólares al mes.
La carta hace cuatro observaciones: no hay una evaluación formal de la capacidad de pago; las remesas no son una garantía reconocida; los remitentes no han autorizado el uso de sus envíos; y la calificación alternativa no está validada. Si en 60 días la Caja no demuestra que cumple, el programa puede cerrarse. El presupuesto de respuesta puede ir de 50.000 a 150.000 dólares. Tu asesora regulatoria, Fanny Midence, quiere un paquete completo, comparado con estándares internacionales. El tesorero del consejo, Santos Ramírez, no quiere gastar en abogados el capital que sostiene la cartera. Y el consejo ya ha oído la versión grande: llegar a las 8.000 personas, con una cartera de unos 24 millones de dólares.