Eres Alejandra Gómez Tovar, cofundadora y directora ejecutiva de Formación Digital Inclusiva (FDI), una organización sin ánimo de lucro de Bogotá que forma a jóvenes de barrios populares como desarrolladores, analistas de datos y diseñadores. Es el lunes 6 de abril de 2026 y USAID acaba de recortar tu año en 1.400 millones de pesos. Antes de la junta del viernes tienes que decidir a cuántos de los 580 estudiantes que empezaron el 1 de marzo lleva FDI hasta diciembre.
La situación
FDI tiene sedes en Ciudad Bolívar y Usme (Bogotá), en la Comuna 13 de Medellín y en Aguablanca (Cali); 28 personas a tiempo completo y 45 instructores a tiempo parcial. Desde 2019 ha graduado a 1.820 jóvenes, que cuando trabajan ganan de media 2,4 millones de pesos al mes, frente a unos 900.000 de jóvenes parecidos sin el programa. Su presupuesto de 2025 fue de 4.200 millones, y el 38 % vino de becas competitivas, sobre todo de USAID. El recorte se lleva un tercio del presupuesto. FDI tiene 400 millones de reservas.
El programa dura diez meses. Mantener a los 580 hasta diciembre cuesta cada trimestre más de lo que entra, y las reservas bajarán cada trimestre hasta que cambien los ingresos. Hay dinero nuevo posible en tu mesa —un banco ofrece un bootcamp de pago, una fundación renovará solo si cambia el gobierno de FDI—, pero nada de eso es caja todavía. Reducir la cohorte ahorra dinero, y significa mandar a casa a jóvenes que ya están matriculados.
La misma semana, una periodista de investigación te ha preguntado por escrito cómo llega FDI al 72 % de inserción laboral de su web. Una auditoría que solo cuenta empleo formal mantenido seis meses o más lo deja en el 52 %. Tu junta —tres fundadores y dos miembros externos— confía en ti. Nunca has recortado una cohorte.